La Pampa va a la Corte por la resolución del ENACOM

El Gobierno pampeano decidió dar pelea judicial contra la decisión del Gobierno nacional de manotear recursos provinciales y de las cooperativas en materia de comunicación

Firma de verna por columnas

El gobernador Carlos Verna este mediodía confirmó. Que es por la decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre los recursos provinciales y de las cooperativas en materia de comunicación para favorecer a las grandes empresas y grupos concentrados.

El Gobierno pampeano decidió dar pelea judicial contra la decisión del Gobierno nacional de manotear recursos provinciales y de las cooperativas en materia de comunicación.

Manifestó “Creamos Aguas del Colorado definiendo que la fibra óptica para que  fuera propiedad del Estado Provincial.

Presentaremos un recurso ante la CSJ contra el DNU de Macri que pretende pasar la infraestructura de comunicaciones del país a manos de intereses corporativos”, comunicó el mandatario a través de su perfil de Twitter.

Esa resolución avanza tal como lo pretendían las grandes empresas y los grupos concentrados de comunicación. Permite que a su antojo utilicen las redes de distribución, las columnas y otros elementos e incluso pasa del por encima del Congreso que discutía una nueva ley.

Se trata de la Resolución Nº 3/19 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que aprueba un reglamento de compartición de infraestructura, que norma el procedimiento y las condiciones relativas al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de propiedad de las cooperativas y de los estados provinciales, por parte de las grandes prestadoras de servicios de cable y telefonía celular.

El diputado nacional Sergio Ziliotto, a su vez candidato a gobernador por el Frente Justicialista Pampeano había advertido que es “otro ataque de Cambiemos a las cooperativas y a la Provincia”.

La resolución pasa incluso por encima de decisiones legislativas y obliga a los propietarios o poseedores de torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo a compartirlo y ponerlo a disposición de esas grandes prestadoras para que suministren los mismos servicios.

El Estado Nacional había enviado al Congreso de la Nación en el mes de abril de 2018 un proyecto que se conoció como “Ley Corta” por medio del cual en sus dos primeros artículos se modificaba la Ley Nº 27.078, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se propiciaba la regulación de estos aspectos relacionados con el uso compartido de la infraestructura de las pequeñas empresas de cable y telefonía por parte de las grandes compañías telefónicas y de cable.

Ese proyecto cuenta con media sanción del Senado de la Nación y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.

En Diputados se había logrado un texto legal consensuado con cableros, y pequeñas y medianas prestadoras de estos servicios, en otro sentido al que ahora apunta la nueva resolución.

Pero ese “manotazo” que el macrismo intenta darle visos de legalidad chocaría con las leyes provinciales, según ya advirtieron desde la provincia y las cooperativas.

Alfredo Carrascal, presidente de la CPE, ya dijo que la nueva normativa “está floja de papeles”. Ese es el mismo criterio que maneja la Provincia a la hora de ir a la Corte, amparándose en la ley que creó Aguas del Colorado.

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