Un año y seis meses: Para empleado policial de la Comisaría Departamental Realicó

El juicio oral se desarrolló los días 18 y 19 de marzo pasado, con la actuación unipersonal del Juez Gilardenghi y la intervención del fiscal general Armando Agüero

Policia apuntado arma de fuego

Alejandro Gilardenghi, juez de control subrogante de la audiencia de juicio de General Pico, condenó hoy a Jorge Darciel Ávila, de 36 años, como autor material y penalmente responsable del delito de amenazas agravadas por el empleo de arma; a las penas de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional o en suspenso e inhabilitación especial para ejercer empleos o cargos públicos por igual plazo.

Además impuso  al condenado las siguientes reglas de conducta  por el término de dos años: fijar domicilio o residencia; abstenerse de relacionarse por cualquier medio con el damnificado- un vecino de la localidad menor de edad-; someterse a la observancia de las reglas de conducta por el juez de ejecución penal, y al cuidado y contralor del Ente de Políticas Socializadoras.

Con las pruebas aportadas en el debate oral, el juez expresó que es posible reconstruir históricamente el hecho acontecido en la madrugada del sábado 23 de enero de 2016, a las  05 a.m. aproximadamente: “en dicha oportunidad, el acusado Jorge Darciel Ávila, empleado policial de la Comisaría de la localidad de Realicó, se presentó en un salón de ese medio a fin de mediar por las quejas de ruidos molestos que planteaban otros vecinos de la misma localidad, acompañado por otro cabo de policía. Que el único que se bajó fue Avila, permaneciendo su compañero en la camioneta, estacionada en la vereda frente al salón. Que fueron a pedirles que bajen el volumen de la música. Que ante la negativa de los organizadores y presentes, quienes aducían tener permiso hasta las 06 a.m., se generó una discusión verbal en la vereda del salón de la que participaron el damnificado y otras personas, entre otros, y que al acercarse el testigo víctima , el acusado Jorge Darciel Ávila le exhibió su arma reglamentaria y lo amenazó en los siguientes términos: ‘vos ruso no te acerqués que con este arma te voy a pegar un tiro en la cabeza, te voy a hacer cagar’. Situación que generó gran temor y amedrentamiento en el testigo, y que produjo la conmoción de los restantes presentes.”

El magistrado agregó que con su accionar “el acusado Ávila exteriorizó de forma verbal contra el joven el anuncio de un mal futuro, serio, grave, inminente, que podría depender en exclusiva de su voluntad. Dicho anuncio, produjo un inmediato temor en el joven, de menos de 18 años en ese momento.”

El juicio oral se desarrolló los días 18 y 19 de marzo pasado, con la actuación unipersonal del Juez Gilardenghi y la intervención del fiscal general Armando Agüero y la defensora oficial sustituta Elba Pozze.

En los alegatos finales el fiscal solicitó se condene a Avila a la pena de dos años de prisión en suspenso – el mencionado delito tiene establecida una escala penal de uno a tres años de prisión-  y manifestó que solicitó una pena de dos años, apartándose del mínimo -a pesar de que Ávila no posee antecedentes penales. Asimismo solicitó la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que prevee una escala de seis meses a diez años, solicitando en este caso que la condena sea por dos años de inhabilitación especial. Por último solicitó se impongan las reglas de conducta por el plazo de dos años en los siguientes términos: fijar domicilio y abstenerse de mantener todo tipo de comunicación y contacto con el damnificado.

La defensora oficial sostuvo que sobre la existencia de los hechos “no hay certeza, y como tal, ante la existencia de una duda razonable, corresponde la absolución de Ávila”.

Gilardebghi consideró que “las amenazas son agravadas y no simples, dado que el acusado, al momento de proferir o exteriorizar el anuncio del mal futuro contra el damnificado, blandió o esgrimió en su mano el arma de fuego reglamentaria. Coincido con el Fiscal en que desde lo gestual, la sola exhibición de un arma de fuego puede resultar atemorizante para cualquier ciudadano, más aún si, como en este caso, la víctima es un menor de edad. Entonces, su conducta ha sido correctamente encuadrada por el alegato fiscal”.

“La escala penal de la figura delictiva incriminada a Ávila conlleva pena de prisión de uno  a tres años. Corresponde imponer pena en suspenso o de ejecución condicional, dada su evidente falta de antecedentes condenatorios previos que surge del informe del R.N.R agregado, siendo ésta su primer sentencia de condena a menos de 3 años de prisión”, agregó el magistrado.

“El requerimiento fiscal de dos años de prisión en suspenso (un año por encima del mínimo legal) parece exagerado si se consideran como atenuantes que se trató de un único hecho, que Ávila es una persona que no posee antecedentes previos, y que no puede estimarse la extensión del daño causado -no así el peligro-. Como agravantes, encuentro la circunstancia de su profesión policial, a la que debe honrar el acusado, que le impone o exige un apego a las normas mucho mayor que a cualquier ciudadano, y su formación, en el mismo sentido, dado que Ávila es una persona instruida, que posee herramientas y capacidades como para obrar lícitamente, además de la absoluta falta de necesidad de la conducta empleada o desarrollada. También encuentro como agravante, la minoridad de la víctima al momento del hecho, y la circunstancia de que los hechos ocurrieron en presencia de numerosas personas, concurrentes de una fiesta de cumpleaños, entre los que había más menores de edad”, dijo Gilardenghi.

El juez agregó que “por todo ello, estimo que la pena de prisión a imponer al acusado debe limitarse al año y seis meses de prisión, de ejecución condicional o en suspenso, con las reglas de conducta propuestas por el M.P.F. (por resultar razonables y de posible cumplimiento), por el plazo mínimo legal -dos años (…) Por último, acerca de la imposición de la pena de inhabilitación especial complementaria que ha solicitado el Fiscal para el ejercicio de empleos o cargos públicos, fundado en el art. 20 bis, inciso 1º, del C.P., encuentro atinado y razonable su planteo, al que haré lugar (…), aunque limitando el plazo de inhabilitación al mismo período por el que impuse pena de prisión en suspenso: un año y seis meses.”

Finalmente ordenó poner  en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de La Pampa la sentencia.

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